"Algunos jefes del ejército, sin contar con ciertos altos funcionarios de la policía –lo confieso– mandaban edificar mansiones señoriales para la época, por entero fuera de la proporción con sus posibilidades económicas, utilizando materiales generosamente 'donados' por determinados comerciantes de la plaza y empleando presos de la cárcel en la construcción". Son palabras de Arturo Bray, describiendo la creciente corrupción que existía a finales de la década de 1930, durante el gobierno de Félix Paiva.
Bray escribía con propiedad: fue un militar condecorado y se desempeñó como jefe de policía en esa época. Este extracto de sus memorias Armas y Letras es fascinante, porque muestra cómo, a grandes rasgos, los mismos esquemas de despojo al Estado siguen vigentes más de 70 años después. Muchos comisarios y funcionarios públicos siguen teniendo "golpes" de suerte que le permiten tener saltos astronómicos de sus patrimonios.
Asimismo, lo más probable es que la donación de materiales para la construcción de las lujosas residencias que menciona Bray era una forma de pago de servicios ilegales proporcionados por los jefes policiales. Quizás, quién sabe, eran las primeras "guardias privadas" de la Policía, negociado que hoy se extiende en la mayoría de las comisarías en todo el país.
Posiblemente ahora los presos ya no son utilizados como esclavos-albañiles (aunque cómo se manejan las penitenciarías, no deberíamos descartarlo), pero la mayoría de ellos siguen sufriendo incontables violaciones de sus derechos más básicos.
¿Cómo estos patrones pueden extenderse a lo largo de las décadas? Es muy probable que la respuesta, o al menos una señal de ella, sea encontrada en posteriores líneas del libro del coronel Bray: "Poco después la policía descubriría un desfalco de no escaso monto en el Banco Agrícola; luego de pasarse las actuaciones a la Justicia, el asunto fue encarpetado; los presuntos culpables se vieron amparados por la indiferencia o la impunidad; la prensa liberal –El Diario y La Tribuna– optó por echar tierra a la denuncia".
De nuevo nos encontramos con un término siempre actual: la impunidad. La falta de castigo y desinterés en la verdadera justicia permitió que los sistemas de robo del erario público y estafas al pueblo se perpetúen, cambiando cada tanto de nombres y colores. Por eso no sorprendería que las denuncias sobre corrupción en el anterior gobierno –tan de moda estos días– y pedidos de coima en nombre de Cartes terminen en el popular oparei, una práctica que marcó a fuego a nuestra sociedad.
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